¿En cuál vertedero ponemos los desechos humanos?

Cada día, alrededor de 37 mil personas en el mundo se ven forzadas a abandonar sus hogares: dejan atrás su territorio, sus raíces, sus familias, sus pertenencias y la vida tal como la conocían. Hoy, casi 71 millones de seres humanos viven en condición de desplazamiento forzado. Las causas son múltiples —guerras, violencia generalizada, crimen organizado, inestabilidad política, violaciones masivas a derechos humanos,  el cambio climático—, aunque en el fondo muchas de ellas convergen en un mismo punto: un sistema económico depredador que arrasa con toda forma de vida de la que pueda extraerse beneficio.

Zygmunt Bauman advertía que la globalización se ha convertido en la cadena de montaje de residuos humanos más prolífica y menos regulada de la historia. Los procesos de mercantilización, comercialización y monetización de la subsistencia humana han penetrado todos los rincones del planeta. El llamado progreso económico no pudo avanzar sin degradar y devaluar los medios de vida de millones de personas, empujándolas a un desplazamiento masivo. Así, enfrentamos hoy la paradoja de buscar soluciones locales a problemas producidos globalmente, en medio de una profunda crisis de lo que Bauman denomina la “industria de eliminación de residuos humanos”.

Los "desechos humanos" son, entonces, aquellas personas privadas de la posibilidad de construir un proyecto de vida viable; seres a quienes se les niega lo que Judith Butler define como una vida que merezca ser vivida, de acuerdo con los criterios políticos dominantes. No basta con existir biológicamente para tener derechos: es necesario que un Estado reconozca esa humanidad y la proteja. Y cuando ningún Estado lo hace, ¿dónde se reclaman esos derechos? Parafraseando a Simone de Beauvoir: no se nace humano, el Estado lo hace.

Estos "residuos humanos" son las vidas desnudas, el homo sacer del que habla Giorgio Agamben: personas que no sirven al sistema económico ni como productores ni como consumidores, pero cuyos cuerpos en movimiento sí generan enormes ganancias privadas. De esta exclusión surge una poderosa industria de la migración, que lucra con el tránsito, la contención, la detención y la expulsión de seres humanos.

En este contexto, se ha debatido intensamente la negativa de México a convertirse formalmente en un “Tercer País Seguro” para Estados Unidos. Ceder ante las presiones de un presidente como Donald Trump —capaz de utilizar amenazas arancelarias como herramienta de política migratoria— implicaría una escalada de concesiones que dejaría a México sin margen de negociación real. A cambio de contener migrantes y solicitantes de asilo en el “patio trasero”, Estados Unidos jamás ha puesto sobre la mesa asuntos estructurales como el tráfico ilegal de armas hacia México.

En los hechos, México ya opera como un tercer país seguro, aunque no lo sea ni siquiera para sus propios ciudadanos. La aceptación del programa “Permanecer en México” confirmó esta condición impuesta, bajo la cual el país recibe “voluntariamente a fuerza” personas devueltas desde Estados Unidos, sin capacidad institucional suficiente para garantizarles derechos básicos.

El problema no es espacial. No es que las personas migrantes “no quepan” en México. No caben "porque son pobres, porque generan miedo" -aporafobia-. Porque se les asocia con inseguridad, enfermedades o escasez, en un país profundamente desigual —uno de los más desiguales de la OCDE— donde se percibe que llegarán a disputar lo poco que existe: educación, salud, empleo y vivienda.

Sin embargo, nacionales y migrantes comparten una condición esencial: ambos están aplastados por un sistema que ha desmantelado el Estado benefactor y concentra las ganancias en manos de unos cuantos. El propio Estado, al proteger la libertad mercantil por encima de la vida, participa o permite el lucro con los cuerpos humanos, su movilidad y sus necesidades básicas. Hemos transitado de Estados que protegían la vida a Estados necropolíticos, donde la rentabilidad aumenta en proporción directa a la amenaza sobre la existencia.

Immanuel Kant, en La paz perpetua, advertía que la superficie de la Tierra es limitada y que, por ello, los seres humanos estamos obligados a tolerarnos mutuamente. Nadie tiene más derecho a habitar el planeta por haber nacido en un punto específico de él. Sin embargo, inventamos fronteras, jerarquías raciales y miedos. Tememos a la pobreza en un mundo donde más de la mitad de la población vive con menos de dos dólares al día. Tememos a los “desechos humanos” porque hemos aprendido a medir el valor de la vida por su capacidad de producir y consumir. En ese desprecio se incluye también a millones de niños, futuros truncados y generaciones potencialmente perdidas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce el carácter humanitario y social del desplazamiento forzado e insta a los Estados a evitar que este fenómeno se convierta en fuente de tensiones internacionales. Sin embargo, la realidad es clara: nadie quiere asumir la carga de acoger refugiados si no existe un beneficio económico de por medio. Así surgen figuras jurídicas que, en la práctica, funcionan como vertederos de vidas humanas.

1. Tercer país seguro

Este concepto permite a un Estado negar el asilo si la persona solicitante transitó previamente por otro país considerado “seguro”. Bajo acuerdos bilaterales, los solicitantes pueden ser devueltos al país de tránsito, aun cuando este no garantice condiciones reales de seguridad o derechos. En Europa, Turquía y Libia operan como depósitos humanos externos; en América, México cumple ese rol para Estados Unidos. La figura ha derivado en un lucrativo negocio de externalización de fronteras, donde fluyen recursos, tecnología y armamento para contener personas fuera de los territorios “deseados”.

2. Primer país de asilo

Se refiere al país donde una persona obtiene protección inicial. Este principio busca evitar movimientos secundarios, pero en la práctica ha generado profundas desigualdades, como ocurrió con la Regulación de Dublín en la Unión Europea, que sobrecargó a los países fronterizos mientras otros eludían responsabilidades.

3. Tercer país de reasentamiento

Esta figura, promovida como “solución duradera” por ACNUR, permite trasladar refugiados reconocidos a otro país cuando se considera que ahí podrán ejercer mejor sus derechos. Aunque requiere consentimiento, la decisión no recae plenamente en las personas afectadas, sino en organismos y Estados.

Estas categorías reflejan cómo los Estados ejercen su prerrogativa soberana por encima de la dignidad humana. Los llamados desechos humanos merecen los mismos derechos por el simple hecho de existir. Los derechos fundamentales no deberían depender de líneas imaginarias que fragmentan la protección y legitiman la exclusión.

Si se aplicara con seriedad la responsabilidad internacional, Estados Unidos estaría obligado a otorgar asilo como una forma mínima de reparación frente a décadas de intervención y desestabilización en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua o Venezuela. Pero resulta más sencillo trasladar los costos humanos a terceros países y, además, lucrar con ello. La Unión Europea actúa bajo la misma lógica.

Frente a este escenario, el cosmopolitismo kantiano resulta más vigente que nunca como base ética para una ciudadanía universal, una idea que ha sido desarrollada ampliamente por la pensadora mexicana Ariadna Estévez. Los problemas globales exigen soluciones colectivas, no nuevos proyectos de muerte disfrazados de desarrollo, como aquellos impulsados bajo planes regionales que continúan mercantilizando la vida.

Porque mientras sigamos tratando a los seres humanos como residuos, ningún muro, acuerdo o frontera garantizará la paz.

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